El Consejo Fiscal ha remitido un informe al Ministerio con sus recomendaciones sobre el proyecto de nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Los fiscales cuestionan las sanciones a los encapuchados y el uso del láser contra aviones.

Y en dicho informe apuesta por realizar numerosos cambios en la que está llamada a ser la nueva normativa que sustituya a la llamada Ley Corcuera, o de patada en la puerta.

Los fiscales, además de realizar muchas críticas de carácter técnico, piden al Ejecutivo que en algunos de los aspectos más delicados de la ley sea más preciso. Pero también muestra su apoyo y respaldo a aspectos tan polémicos como las medidas encaminadas a actuar contra las manifestaciones sin autorización ante el Congreso y ante el Senado. Y alaban muchos de los criterios jurídicos y técnicos del articulado.

No obstante, apuestan también por que varios de los artículos sean eliminados porque entiende que ya están contemplados por el Código Penal. Es el caso de la legislación sobre ofensas o ultrajes «a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas».

En su informe, los fiscales defienden que las normas sobre limitación de los derechos de manifestación en periodos electorales ya están recogidas por la legislación vigente. Reclaman que parte de las medidas relacionadas con las actuaciones de los vigilantes de seguridad se vinculen a la nueva Ley de Seguridad Privada.

La crítica

Se muestran muy críticos con el articulado elaborado por Interior paraproteger a los policías que participan en despliegues de seguridad. El Ministerio calificaba como falta leve «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen (...) sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información, cuando estas conductas no sean constitutivas de delito».

El Consejo Fiscal entiende que la redacción del precepto debe ser mejorada. Pero, incluso, apunta que puede suponer «una limitación del derecho a la información sobre actividades o conductas de autoridades o funcionarios públicos, por lo que se propone la supresión, en el precepto, de la referencia 'que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen'». Interior trababa con estas sanciones de poner fin a los constantes acosos que sufren los policías con la difusión de imágenes suyas a través de las redes.

'Falta de proporcionalidad'

Sorprendente resulta el posicionamiento de los fiscales ante la decisión de Ejecutivo de hacer frente al uso de láser contra aviones que están en vuelo. El proyecto contempla como infracción muy grave «la proyección de dispositivos luminosos sobre medios de transporte que puedan provocar accidentes».

«El Consejo Fiscal considera que la descripción de la conducta adolece de imprecisión, no colmando las exigencias del principio de tipicidad, y advierte de una aparente falta de proporcionalidad al no especificarse la entidad o gravedad del posible resultado lesivo».

También cuestiona las sanciones sobre los que participen «en alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro impidiendo o dificultando la identificación».

Los fiscales sostienen que este artículo «plantea serias dudas desde la perspectiva de los principios de tipicidad y seguridad jurídica. Incluso el principio de proporcionalidad podría resultar cuestionado si se interpretase, al amparo de la ambigua redacción del precepto, que el núcleo de la infracción es llevar el rostro tapado y no protagonizar la concreta conducta alteradora de la seguridad ciudadana».

El Ministerio del Interior seguirá la gran mayoría de las recomendaciones del Consejo Fiscal y realizará modificaciones en su texto.

Fuente:

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/05/52f18f0f22601dca068b458a.html