La ponencia de la ley destaca que "se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta".

Así, la norma, que pasará por el Pleno antes de ser remitida al Senado, establece ahora que "la prestación de servicios por los vigilantes de seguridad podrá realizarse en espacios o vías públicas" en determinados supuestos. Además de los casos clásicos -retirada o reposición de cajeros automáticos; los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para realizar actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia; el control de medios de transporte-, también estará permitida "la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma";  "los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección"; y "aquellos servicios de vigilancia y protección que lo requieran por su propia naturaleza y desarrollo".

La ley permitirá, además, a los vigilantes de seguridad la persecución en espacios públicos "de delincuentes sorprendidos en flagrante delito, aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección" .

Este polémico proyecto, que ha recibido la inequívoca oposición de PSOE y de La Izquierda Plural, también contempla que se consideren "agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".